El 27 de mayo de 2011 el Presidente Felipe Calderón firmó el decreto por el que se promulga la Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, en el que se reconoce en pleno los derechos humanos de las personas con discapacidad. A nivel Federal en México existe un marco jurídico que abarca en promedio 14 leyes que incluyen artículos que protegen los derechos de personas con discapacidad –Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, de Salud, de Personas con discapacidad entre otras, que sirven para proteger sus derechos. Este ordenamiento jurídico tiene entre sus objetivos “dar respuesta a los compromisos establecidos por nuestro país en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 14 de septiembre de 2001” (CONADIS 2009, 39).
Aparentemente existe una sólida legislación que garantiza su inclusión en todos los sectores, no obstante, la situación de las personas con discapacidad es precaria al presentar los mayores índices de pobreza y bajos grados de escolaridad, sin embargo, esta situación no sólo se presenta en nuestro país, es un problema a nivel mundial, pero el mal de muchos no debe ser un consuelo.
Sin ir más lejos, a nivel personal ¿cómo manejas la inclusión? Respetas los cajones de estacionamiento o ¿los usas porque no te vas a tardar?, verificas no estacionarte enfrente de las rampas, o eres de los que no se dan cuenta que estaba ahí. Nuestra falta de cultura a la inclusión nos limita y lo que es un derecho para una persona con discapacidad, lo consideramos trato preferencial. Debemos ser claros: a las personas con discapacidad no se les deben aplicar excepciones, se les deben ajustar las normas, políticas, reglamentaciones a sus distintas necesidades. Después de todo los derechos humanos son universales y aplican a todos los individuos.
Janet López Barrios
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